Misioneros jesuitas desde el primer contacto hecho entre el Padre Kino y los indios O’odham en 1691, hasta la expulsión de los jesuitas ordenada por el rey Carlos III en 1767.
Cortesía del Servicio de Parques Nacionales.
El papel del Estado estaba siempre presente en la evolución de las misiones a lo largo del continente americano.
En teoría, las misiones estaban diseñadas para un período de diez años, después del cual se esperaba que los misioneros se mudaran a nuevas zonas establecidas. Pero el plan programado de conversión no funcionó debido a la resistencia de los indios frente a los rigores de las misiones. A la larga, argumentando que los nativos no se convertían del todo porque volvían a sus formas espirituales en secreto, los frailes proponían que las misiones se extendieran otra década más. A menudo este tipo de extensiones se prolongó durante varias décadas, si no un siglo, más de lo esperado.
A finales del siglo XVIII, y sobre todo después de la Independencia de América Latina de España, los recién establecidos gobiernos revolucionarios le quitaron las tierras misioneras a la autoridad eclesiástica. En la mayoría de los casos las naciones emergentes del Hemisferio Occidental otorgaron la ciudadanía a los grupos indígenas, manteniéndolos bajo la tutela del Estado o tratándolos como marginados de la sociedad.
Las misiones coloniales españolas en América del Norte son significativas porque se establecieron bastantes y tuvieron efectos duraderos sobre el paisaje cultural. Su legado es una parte firme de nuestra historia y patrimonio nacional, que destaca la herencia común que Estados Unidos comparte con España, México y América Latina. España no estaba sola en la empresa misionera por el Nuevo Mundo. Misioneros franceses y portugueses también hicieron incursiones en Canadá, Brasil y otras partes de las Américas. Para ellos, la misión servía a propósitos similares: la conversión espiritual de los nativos y la pacificación de las precarias fronteras coloniales para establecer asentamientos, la explotación económica europea y el desarrollo. Otras naciones emplearon los mismos métodos en áreas remotas de la India, África y Australia. Las misiones españolas, como fortalezas y poblados, eran instituciones fronterizas que fueron pioneras en las reivindicaciones coloniales europeas y la soberanía en América del Norte.
Muchos consumidores nunca han oído acerca de las leyes antimonopolios; sin embargo, el hacer valer estas leyes les ahorran millones y hasta miles de millones de dólares al año a los consumidores. El gobierno federal hace valer tres principales leyes antimonopolios, y la mayoría de los estados también tienen sus propias leyes antimonopolios. Esencialmente, estas leyes prohíben prácticas comerciales que priven irrazonablemente a los consumidores de los beneficios de la competencia, con precios más altos para productos y servicios como resultado.
Las tres principales leyes federales antimonopolios son:
- La Ley Antimonopolios Sherman
- La Ley Clayton
- La Ley de la Comisión Federal de Comercio
La siguiente información sobre estas leyes proviene de la guía Coacción antimonopolios y el consumidor.
La Ley Antimonopolios Sherman
Esta ley declara ilegal todo contrato, combinación y conspiración que limite irrazonablemente el comercio interestatal y extranjero. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, arreglar licitaciones y repartirse clientes, los cuales son punibles como delitos mayores.
La Ley Sherman también convierte en delito monopolizar cualquier parte del comercio interestatal. Existe un monopolio ilegal cuando una empresa controla el mercado de un producto o servicio, y ha obtenido dicho poder de mercado no porque su producto o servicio sea superior a los demás, sino porque suprimió la competencia con conducta anticompetitiva.
Sin embargo, no se viola la ley simplemente cuando la competencia enérgica y los precios más bajos de una empresa le quitan ventas a competidores menos eficientes; en dicho caso, la competencia está funcionando correctamente.
La Ley Clayton
Esta ley es una ley civil (no conlleva penalidades penales) que prohíbe las fusiones o adquisiciones con probabilidades de debilitar la competencia. Bajo esta ley, el gobierno disputa las fusiones con probabilidad de aumentar los precios a los consumidores. Todas las personas que consideren una fusión o adquisición superior a cierto tamaño deben notificar tanto a la División Antimonopolios como a la Comisión Federal de Comercio. La Ley también prohíbe otras prácticas comerciales que podrían perjudicar a la competencia bajo ciertas circunstancias.
La Ley de la Comisión Federal de Comercio
Esta ley prohíbe los métodos de competencia injustos en el comercio interestatal, pero no conlleva penalidades penales. También creó la Comisión Federal de Comercio para vigilar las violaciones de dicha ley.
El Departamento de Justicia también suele utilizar otras leyes para combatir las actividades ilegales, incluidas leyes que prohíben las declaraciones falsas a dependencias federales, perjurio, obstrucción de la justicia, conspiraciones para defraudar a los Estados Unidos y fraude postal y telegráfico. Cada uno de estos delitos conlleva su propia multa y pena de prisión que pueden ser agregadas a la multa y pena de prisión por violaciones de la ley antimonopolios.
Lea más sobre las actividades de la División Antimonopolios:
La coacción antimonopolios y el consumidor
Los ardides de fijación de precios, arreglo de licitaciones y repartición de mercado: qué son y en qué debe fijarse
Manual de la División Antimonopolios, Capítulo 2: Disposiciones legales y orientaciones de la División Antimonopolios. [En Inglés]
Campaña de salud en la década de los treinta.
El impulso a la economía
Durante este periodo, la meta principal de los gobiernos de México
fue resolver los problemas de su crecimiento económico heredados
del pasado. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con gran-
des desigualdades: carecían de empleo y sus tierras eran improductivas
o les habían sido arrebatadas. En las ciudades prevalecía el desempleo
y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran
mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los
recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento.
Estas desigualdades se agravaban porque MÉxico no contaba con
suficientes caminos, carreteras, medios de comunicación, presas,
electrificación de sus poblados, agua, servicios m±dicos y otros servi-
cios necesarios para impulsar el crecimiento económico. Los recursos
del gobierno eran escasos y los pr±stamos que obtenÍa del extranjero
generaban intereses muy altos.
Para superar ±stas y otras dificultades era necesario realizar mu-
chos cambios en la organización del trabajo, la propiedad de la tierra,
la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los dere-
chos de los trabajadores y campesinos, la participación de la inversión
extranjera, la educación, las condiciones materiales de las poblacio-
nes rurales y urbanas, la explotación de los recursos naturales y otros
ámbitos de la econom²a. Debido a estos problemas, entre 1910 y 1930,
la econom²a mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Poco despu³s,
experimentó una mejor²a que se prolongó las siguientes cuatro d³-
cadas. Causa importante de este crecimiento fueron las reformas e
inversiones realizadas en la producción agr²cola y en la creación de
nuevas industrias.
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